El manejo de la pandemia ha quedado en un segundo plano, por motivo de la disputa por su dominio desde mayo de 2020. / Ilustración Adrian Jaimes Torrado.

El hospital Emiro Quintero Cañizares es el centro asistencial más importante de la provincia de Ocaña, la región del Catatumbo y un par de municipios del sur del departamento del Cesar, en el nororiente colombiano. Es la entidad encargada de prestar los servicios de salud a más de 250 mil usuarios y ha sido durante décadas el epicentro de atención de víctimas del conflicto armado en la zona del Catatumbo, una de las regiones más convulsionadas de Colombia.

Grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y un reducto de la extinta guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), hoy denominada ‘Los Pelusos’, se pelean el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Es, también, el lugar más importante en la atención de la pandemia producida por la covid-19 a decenas de kilómetros a la redonda; solo entre mayo de 2020 y enero de 2021, atendió a 2.583 pacientes con enfermedades respiratorias leves, agudas y graves.

Pero, últimamente, este hospital se ha convertido, además, en un espejo que refleja cómo funciona el poder político y la contratación pública en la región. Una historia de malos manejos de la salud que empezó a narrar Jorge Luís Solano Vega, reconocido líder social de la zona, desde mediados del año 2019 hasta cuando fue asesinado, el 3 de noviembre de 2020.

‘Koky’ como era conocido, denunció incansablemente la aparente corrupción dentro del hospital. Entre  abril y junio de 2020, este líder social también alertó a la ciudadanía y los entes de control de la falta de equipos médicos para atender la pandemia de la covid-19 en Ocaña. En mayo entabló más de 30 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra el gerente Pinzón, por lo que él denominaba contratos con “sobrecostos, contrataciones amañadas y bárbaras. Seguimos en la lucha por la salud de los ocañeros”, fueron las palabras de Solano a las afueras del órgano investigativo.

Jorge Luis Solano Vega fue candidato al Concejo de Ocaña por el partido Alianza Verde. También pertenecía a la mesa municipal de víctimas. / Ilustración Adrian Jaimes Torrado.

En marzo de 2020, Solano dijo en uno de sus videos que utilizaba para realizar sus denuncias públicas: “señor Jairo Pinzón, usted no pudo con la amenaza, no pudo con el soborno ni seguramente por la vía jurídica, le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato conmigo. A mi no me va a sacar del paseo como ha sacado mucha gente, aquí la pelea conmigo es diferente. Soy un defensor de derechos humanos, soy una persona reconocida a nivel mundial, del país y regional. Así que señor, yo cuido mi vida y cualquier cosa que me pase, repito a la comunidad ocañera, ya sabemos quién puede ser”. (Ver Video)

En un principio, la relación del gerente del hospital, Jairo Pinzón López, con la muerte del líder social fue descartada. Incluso, ante la publicación de este video por parte del diario La Opinión de Cúcuta, horas después de la muerte de Solano, Pinzón emitió un comunicado donde afirmaba: “No estoy de acuerdo en que los dos sucesos (video y asesinato) se presenten al público relacionándose entre sí; en otras palabras, que dado el homicidio se dirija al público a que este crea que los móviles y la autoría o determinación provienen de Jairo Pinzón López, el Gerente del hospital de Ocaña”.

Sobre la muerte de Solano también se manejó en un primer momento la versión de que los responsables serían de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, de quienes al parecer había recibido amenazas de muerte.

Pero el pasado 11 de febrero el caso dio un giro y la sombra de Jorge Solano volvió a cruzarse en el camino del gerente del hospital. La unidad especializada de la Fiscalía, junto con miembros de la Policía, capturó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez y Luis López Delgado, como responsables de la muerte del líder social. Según lo dicho en la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía cuenta con un testigo clave que acusa a Jairo Pinzón López como el presunto autor intelectual del homicidio, por el cual pagó $40 millones de pesos, la misma cifra que Solano anunció le habían ofrecido para callarlo y no denunciar más la corrupción en el hospital. Este mismo testigo reveló que los capturados son primos de Jairo Pinzón López.

Las últimas decisiones de la Fiscalía les han dado nuevo vuelo a las denuncias de Solano, muchas de las cuales se venían investigando desde diversas entidades del Estado. Desde mayo del año pasado, la Procuraduría Delegada para la contratación estatal investiga a Pinzón López por aparentes actos de corrupción en contratación y la tercerización de los servicios de salud. Por su parte, la Superintendencia de Salud había intervenido el hospital desde noviembre, debido a graves hallazgos relacionados con la contratación y la estabilidad financiera del hospital.

El pasado 15 de febrero, cuatro días después de efectuarse las capturas, Pinzón López renunció a su cargo como gerente del hospital alegando una persecución política en su contra: ”Quiero proteger a esta institución a la que he servido con honor y devoción y en este momento requiero toda mi fuerza, todo mi tiempo y toda mi energía para ejercer mi defensa ante los viles ataques de los cuales vengo siendo víctima de parte de mis detractores políticos,” manifestó Pinzón en el comunicado donde anunciaba su renuncia al cargo.

A partir de las denuncias de Jorge Solano y los hallazgos de la Supersalud, Wichos Informa en alianza con CONNECTAS y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) analizó los contratos más representativos celebrados durante más de cuatro años de la gestión de Pinzón, sus conexiones políticas, el manejo de los recursos para afrontar la pandemia y las posibles motivaciones detrás de la pelea por el dominio del hospital Emiro Quintero Cañizares.

Y es que tener el control de este centro asistencial regional es manejar solo para el 2021 un rubro superior a los 60 mil millones de pesos (unos 16.4 millones de dólares), además de una extensa contratación tercerizada. Como lo explicó una fuente anónima a este medio de comunicación, la pelea por el control del hospital se debe a que “es un fortín político, que mueve una millonaria contratación y los políticos de la región saben que quien lo domina, asegura un gran flujo de votos”.

Cuatro gerentes en 10 meses de pandemia

Jairo Pinzón López ha estado a cargo de la gestión administrativa del hospital de Ocaña desde el 2016. Es cuota política del Representante a la Cámara por Norte de Santander, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, quien además es su primo. Este grupo político también controla la personería de Ocaña a través de Saúl Pinzón López, hermano del gerente del hospital, un grupo mayoritario del Concejo y la Corporación Regional de la Frontera Nororiental, (Corponor), con sede en Ocaña.

El 18 de mayo de 2020 la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Jairo Pinzón y lo suspendió provisionalmente “por presuntas irregularidades en la celebración de 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y de medicamentos, por más de 4.500 millones de pesos (1.2 millones de dólares)”.

Tras esa suspensión, el gobernador Silvano Serrano Guerrero designó como gerente encargado a Luis Alfredo Toscano Villán, quien sólo ocupó esta dirección por algunas horas. Sorpresivamente, renunció a su cargo alegando problemas personales para ejercerlo. Sin embargo, una fuente al interior del hospital, con un cargo de liderazgo frente al personal encargado en la atención de pacientes, le reveló a este medio que su renuncia tuvo que ver con que había recibido amenazas en su contra. Entonces designaron a José Manuel Galeano, jefe de enfermería con más de 15 años en la entidad y quien llevó el timonel hasta el reintegro de Pinzón a finales de septiembre.

Jairo Pinzón López es abogado y fue alcalde de San Calixto, Norte de Santander en dos oportunidades. Desde el 2016, gerenció el hospital Emiro Quintero Cañizares. / Ilustración Adrián Jaimes Torrado.

Mientras todo esto sucedía, Jorge Luis Solano denunciaba la poca preparación del hospital para enfrentar el virus, la ausencia de elementos de bioseguridad e incluso la falta de voluntad para atender casos sospechosos, como lo hizo en un video el 19 de abril, cuando denunció que el personal médico no quería atender a una menor de 14 meses de nacida, que presentaba síntomas relacionados al virus y que fue aislada en la cama 20 de pediatría. Según contó la madre de la niña, “al lugar donde está la bebé no se acerca ni un médico general ni a tomarle la temperatura, lleva tres días con fiebre y no le cambian los medicamentos”.

Wichos Informa también conoció el caso de Angie Paola Parada, una mujer de 22 años que llegó a urgencias el 12 de abril por un dolor de espalda y falleció tres días después. Según relató su padre, Jesús Emel Parada, a Angie no le dieron comida durante los días que transcurrió en el hospital. “El sábado me llamaron para preguntarme por qué la había llevado a morirse allá. Según Jesús Emel, su hija sufría de un problema cardiaco y por falta de recursos no le habían podido hacer el tratamiento que necesitaba. Tras su fallecimiento, funcionarios del hospital enterraron a la joven como probable paciente de covid-19, sin realizar el aviso correspondiente a los familiares.

Al respecto de este caso, consultamos al hospital Emiro Quintero Cañizares para conocer su versión sobre cómo sucedieron los hechos y si Angie Paola realmente dio positivo para la covid-19. Sin embargo, la entidad expresó que por motivos del caracter privado de la historia clínica de la paciente, no es posible para ellos referirse al tema.

El desabastecimiento de insumos y el temor para tratar pacientes de la covid-19 fue confirmada por un trabajador al interior del hospital, quien expresó que al llegar la pandemia los tapabocas empezaron a perderse; los mismos trabajadores estaban robándose los insumos de la entidad. También nos confirmó que, por falta de información para tratar pacientes sospechosos del virus, el personal médico no actuaba como era debido. “El pánico se apoderó de todo el personal de la salud y solo por falta de algún insumo se limitaban en atender a los pacientes. Esa situación se fue mejorando al pasar el tiempo, cuando el miedo empezó a disminuir”, acotó la fuente.

Jairo Pinzón volvió al cargo a finales de septiembre, tras cumplirse los cuatro meses de suspensión por parte de la Procuraduría. Un mes después, este mismo órgano abrió una nueva investigación contra Pinzón, también por “presuntas irregularidades en la celebración de contratos de obra, suministros de material quirúrgico y de medicamentos”. Sin embargo, la Procuraduría no era la única vigilando la gestión del Emiro Quintero Cañizares. El 11 de noviembre la Superintendencia de Salud intervino el hospital, Jairo Pinzón fue removido de su cargo otra vez y la dirección quedó a cargo del interventor de la Supersalud, Yamil Roberto Blel Cervantes. Así, en el año de la pandemia, el hospital de Ocaña tuvo cuatro gerentes diferentes.

La Superintendencia Nacional de Salud nombró como agente especial interventor del hospital Emiro Quintero Cañizares a Yamil Roberto Blel Cervantes, tras la negativa de aceptar el cargo por razones de fuerza mayor de la doctora Luz Marina Bocanegra Cardozo. Ilustración Adrián Jaimes Torrado.

Según la Superintendencia de Salud, “se identificaron 87 hallazgos administrativos, financieros y asistenciales en la gestión de 2019 y primer semestre de 2020”. Entre esos hallazgos, algunos de los más relevantes se refieren a “procesos contractuales presuntamente irregulares”, concentración de la contratación, medicamentos sin soportes legales y presunta nómina paralela.

Respecto a la prestación del servicio, la Supersalud encontró que se cancelaron más de 600 citas agendadas, “dificultando la accesibilidad de los pacientes con la oportunidad requerida”. En cuanto al registro de traslado terrestre de pacientes, este se realizaba a mano en un cuaderno. Allí se evidenciaron inconsistencias sobre fechas, servicios y profesionales, e incluso el supuesto traslado en ambulancias que en realidad no estaban en servicio.

En la gestión financiera, el hospital regional presentó un déficit presupuestal en el año 2019 de 7,38 por ciento, con una cartera reportada de $94 mil millones (25.8 millones de dólares), de la que solo son recuperables $26.750 millones (7.3 millones de dólares). Además, el déficit trepó al 61,4 por ciento en los primeros meses del 2020. Por otra parte, el hospital tiene fallos judiciales por $2.564 millones (711 mil dólares), acreencias por cobros coactivos por $5.828 millones (1.6 millones de dólares) y más de $12 mil millones (3.2 millones de dólares) a causa de riesgo probable de pérdida.

 

Los contratistas ungidos

Según la Superintendencia de Salud, una de las principales irregularidades durante la gerencia de Pinzón fue la concentración de la contratación, que se habría realizado sin cumplir con los requisitos legales. Basados en los hallazgos de la Supersalud, Wichos Informa analizó una veintena de contratos celebrados en época de pandemia en el hospital de Ocaña. A muchos de los contratistas que aparecen allí ya se le habían adjudicado millonarios contratos a dedo desde el 2016, cuando Pinzón asumió como gerente.

La lista de ungidos la encabeza la empresa Análisis Técnicos SAS con más de $13 mil millones (3.5 millones de dólares) en contratación; le sigue Depósitos Distrifarmacos SAS con $11 mil millones (3 millones de dólares), Tecnomedical de Colombia SAS con $6 mil millones (1.6 millones de dólares) y Godmedical SAS con $3 mil millones (822 mil dólares). Cuatro empresas que en conjunto ganaron contratos por más de 30 mil millones de pesos (8.2 millones de dólares), cifra que equivale al 12,5 por ciento del presupuesto total de los cuatro años del hospital. En época de pandemia, estas empresas siguieron beneficiándose de la preferencia del gerente del hospital de Ocaña.

Según el pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación, Jairo Pinzón está siendo investigado por los contratos 09, 037 y 026, celebrados con Depósitos Distrifarmacos Ocaña SAS. Estos tres contratos, firmados el 28 de enero, 27 de febrero y 30 de marzo, fueron otorgados a dedo por el gerente Pinzón, lo que constituye una presunta falta disciplinaria. El valor de estos contratos fue de 433 mil 389 millones de pesos (119 mil dólares). El valor total de los contratos asignados a Distrifarmacos Ocaña en los últimos cinco años supera los 11 mil millones (3 millones de dólares). Al ser consultado sobre los procesos en mención, el representante legal de Distrifarmacos Ocaña le dijo a Wichos Informa que «esta información pertenece a la investigación que se viene realizando por los entes de control, del cual hasta el momento no he sido notificado como parte del proceso».

En cuanto a Soluciones Médicas del Oriente SAS, que para finales de marzo le suministró al hospital de Ocaña insumos quirúrgicos, Wichos Informa encontró que el 26 de enero de 2018 intentó venderle al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, medicamentos sin los registros sanitarios requeridos, por lo que la contratación se declaró desierta.

Otro de las empresas con más contratos en el hospital de Ocaña desde el 2018 es Oxígenos del Llano SAS, cuya representante legal es Yesica Yohana Ostos. Ostos es esposa de Óscar Evelio Rodríguez, reconocido contratista del departamento de Arauca, en el oriente colombiano. Durán Rodríguez fue candidato a la alcaldía de Arauca en el 2019, y según el portal investigativo La Silla Vacía, se le conoce por apoyar al exgobernador Julio Acosta Bernal, ahora preso por corrupción. El crecimiento de Durán Rodríguez como contratista habría estado ligado al favorecimiento de entidades públicas en Arauca, según señala La Silla Vacía.

A pesar de que el 24 de abril la empresa Liz Rosario SAS le suministró al Hospital de Ocaña siete lavamanos de pedal en acero inoxidable por $2.400.000 (657 dólares) cada uno, según el reporte de la Superintendencia de Salud, para junio la entidad no cumplía con el protocolo de lavado e higienización de manos, una de las medidas básicas para contener el coronavirus. Al respecto, el agente interventor Yamil Roberto Blel Cervantes dijo que “entre julio y diciembre 73 trabajadores del hospital han dado positivo para covid-19, lo que se constituye en un alto porcentaje de contagio en medio de quienes laboran en la entidad”.

Así mismo, Blel Cervantes reveló que desde mayo hasta noviembre no existieron contratos de insumos para afrontar la crisis sanitaria porque los proveedores entregaban los productos sin tener contratos con qué respaldarlos. Una práctica que parece ser común en la entidad, según el interventor. Los hallazgos identificados por el equipo interventor tras su llegada el 11 de noviembre al hospital tiene a la entidad en procesos legales para validar los pagos con estos “contratistas sin soportes”.

El 25 de diciembre, la Fiscalía realizó una visita sorpresa al hospital. Según un médico cirujano consultado por Wichos Informa, la mayoría de los trabajadores entrevistados denunció acoso laboral por parte de Pinzón López: “Muchos de mis compañeros tienen miedo de hablar, pero Pinzón utilizaba la fuerza y el maltrato para obligarlos a salir a las afueras del hospital a mostrarle apoyo”. Y agregó: “ese día, la Fiscalía preguntó mucho sobre la muerte del líder social y salió de la entidad con varias cajas de material probatorio contra Jairo Pinzón”.

 

Pinzón contraataca

Luego de la intervención del hospital de Ocaña por parte de la Superintendencia de Salud, Pinzón no estaba dispuesto a hacerse a un lado, y la batalla por el control de la entidad se trasladó a los estrados judiciales. Fue así como el gerente removido dos veces en menos de seis meses hizo uso de una herramienta legal que según lo dicho por un funcionario de la Supersalud a este medio, nunca se había utilizado para dejar sin efecto una intervención: la acción de tutela.

En medio de la intervención, el representante a la Cámara Ciro Rodríguez Pinzón empezó a utilizar sus redes sociales y medios de comunicación a su favor en la región para satanizar el proceso que el ente del Ministerio de Salud adelantaba en el hospital de Ocaña. En la plenaria de la Cámara de representantes del 12 de noviembre, Rodríguez Pinzón defendió la gestión de su primo: “delicado eso de motivar una decisión de esta naturaleza, enmarcada en una situación indivisible y temporal como la pandemia del covid-19. Este juego de grupos de interés, con medios de comunicación y periodistas pagos que logran impresionar funcionarios públicos, generando interrogantes de si están al servicio de grupos políticos o están cumpliendo con su deber de garantizar el debido funcionamiento de las instituciones. Las sistemáticas quejas contra la Superintendencia Nacional nos hacen pedir al superintendente que revise bien de quién se hace rodear. Allá están pasando cosas extrañas…Las entidades intervenidas por la Supersalud en vez de administrarlas, las llevan a la liquidación” puntualizó el parlamentario.

Según le dijo el representante a Wichos Informa, la intervención del hospital Emiro Quintero Cañizares fue arbitraria. “No hay justificación para que la Supersalud hubiera actuado de esa manera. La ley es muy clara, empezando por las causales de intervención, y esas acciones deben llevarse por pasos, primero un plan de mejoramiento que se plantea entre la entidad y la Supersalud para superar la crisis” acotó Rodríguez Pinzón. Según el congresista, la intervención de la Supersalud ha desmejorado el servicio de salud en la entidad y va a llevar al hospital Emiro Quintero Cañizares a una verdadera crisis financiera.

Para el representante a la Cámara, este órgano se saltó el proceso e intervino el hospital sin haber revisado el plan de mejoramiento que Jairo Pinzón López les envió al volver a su cargo en septiembre. “Las intervenciones se dan como último recurso para tratar de mejorar los problemas en la entidad (…) Pero la preocupación que surge es que estas intervenciones son de tipo financiero, por problemas financieros muy graves, y el hospital ha demostrado que es autosostenible”, afirmó.

Ciro Antonio Rodríguez Pinzón es representante a la Cámara por Norte de Santander desde 2014. / Ilustración Adrián Jaimes Torrado.

Que la Supersalud no haya revisado el plan de mejoramiento es, según Ciro Rodríguez, la razón por la cual el 15 de diciembre el juez segundo administrativo oral de Cúcuta, Germán Alberto Rodríguez Manasse, amparó en tiempo récord el derecho al debido proceso de Jairo Pinzón y suspendió los efectos jurídicos de la resolución que ordenaba la intervención del hospital.

Según la decisión del juez, Pinzón López debía volver a la gerencia del hospital. Sin embargo, la Superintendencia de Salud no acató la decisión. Incluso, ante la negativa del gobernador del departamento de aprobar el presupuesto del hospital, el agente interventor se lo aprobó él mismo. Sin embargo, el 18 de enero el Tribunal Administrativo de Norte de Santander sancionó al superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal Ángel por desacatar una orden judicial y le exigió devolver el cargo a Pinzón López.

El regreso de Pinzón al cargo creó una hecatombe al interior del hospital. Según le dijo una enfermera de la entidad a Wichos Informa, más de 40 trabajadores de la entidad fueron despedidos sin ninguna justificación aparente. De acuerdo con esta enfermera, el gerente tenía identificadas a las personas que habían colaborado o tomado partido con la intervención. “Quienes pensaban que el doctor Pinzón no volvería, fueron los primeros que salieron… Toda esta guerra por el control de la entidad, al fin de cuentas afecta la prestación del servicio”, afirmó la empleada, quien pidió que no se revelara su nombre.

Pero cuando la corriente política dirigida por Ciro Rodríguez Pinzón creía que había ganado la batalla por el dominio del hospital, la Fiscalía y la Policía concretaron la captura de las dos personas pagadas para orquestar la muerte del líder social, con la garantía de contar con un testigo clave que, desde el 2 de diciembre, les ayudaba a unir cabos para llegar a los responsables del asesinato.

Cuatro días después de esas capturas, Jairo Pinzón presentó su renuncia irrevocable al cargo que tanto había luchado por recuperar. Al antes combativo gerente del hospital de Ocaña ya no se le ve ni siquiera en redes sociales. Como por efecto dominó, la impugnación de la Supersalud a la decisión de reintegrar a Jairo Pinzón tuvo efecto horas después de la renuncia: el 16 de febrero el mismo Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró improcedente la tutela que le devolvía el cargo. El hospital volvió a estar a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, a través del agente especial interventor Yamil Roberto Blel, quien llegó a la entidad con su esquema de seguridad reforzado. Y es que según lo ha declarado desde su llegada a Ocaña, su vida y la de su equipo están en riesgo ante las constantes amenazas que han recibido en su contra.

En medio de la disputa por el dominio del hospital de Ocaña, la ciudadanía continúa esperando un centro asistencial de mayor nivel que mejore la atención a los usuarios y les garantice no depender de cupos en hospitales o clínicas de ciudades cercanas para ser atendidos como merecen. Un funcionario de alto rango en el hospital reconoció que, con la llegada de la Superintendencia Nacional de Salud, los procesos administrativos mejoraron sustancialmente. “Con el anterior gerente, muchos líderes de procesos no cumplían con su función y no había seguimiento a estas labores. Además, había mucha ‘contratación como cuota política’ que no beneficiaba en nada a la entidad”.

Por lo pronto, los ocañeros y catatumberos todavía no saben qué pasará con el futuro próximo de este hospital, que en el pasado ha servido como fortín político para montar mandatarios y asegurar curules en el concejo y hasta el Senado. Al fin de cuentas, con las próximas elecciones regionales ya en el horizonte, el manejo de la pandemia ocupa un segundo renglón.

NOTA: Contactamos al exgerente Jairo Pinzón López y a las empresas aquí mencionadas para conocer sus opiniones, pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

*Este reportaje fue realizado por Adrián Jaimes Torrado para Wichos Informa y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

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