Los campesinos de la zona temen por sus vidas ante la construcción de una base militar en medio de la población civil. /Imagen Cisca

Desde el 2 de febrero, 38 familias han sido desplazadas forzosamente desde los corregimientos de Monte Tarra e islitas, en el municipio de Hacarí.

Desde el pasado 18 de febrero, habitantes de diferentes corregimientos de Hacarí se han movilizado hacia la vereda Monte Tarra e Islitas, instalando un asentamiento humanitario.

La movilización de estas comunidades tiene como fin defender los derechos de las familias desplazadas y rechazar la instalación de la base militar del Ejército Nacional.

Hasta el día de hoy, 23 de febrero, la comunidad sigue con el asentamiento, exigiendo que el Estado escuche la voz de las familias afectadas por el conflicto.

Además, los habitantes de esta zona han hecho un pliego de de exigencias y garantías a la base móvil adscrita a la Fuerza Especial de Despliegue Rápido Fudra #3.

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BASE MILITAR

La zozobra que vive más de 500 personas en el municipio de Hacarí ha sido producida por la instalación de una base militar del Ejército Nacional cerca de la población civil.

Dicha base militar se encuentra a menos de 100 metros de las viviendas, invadiendo ilegalmente los predios privados de los campesinos, imposibilitando su labor agrícola.

Además, según los habitantes de estos predios, se siente en peligro por los constantes fuegos cruzados entre el ejército y los grupos ilegales que operan en la zona.

También denuncian la instalación de artefactos explosivos cerca de sus viviendas y la arbitraria manera como se han acogido del agua potable de la comunidad.

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PLIEGO DE EXIGENCIAS 

En voz de las 38 familias desplazadas, el asentamiento comunitario de la vereda Monte Tarra e Islitas, exige que se cumpla un pliego de exigencias y garantías. 

En el pliego, los habitantes exigen el retiro inmediato de la base militar ubicada en predios privados y que sea reubicada en zonas alejadas de la población civil. 

Además, piden garantías integrales para el retorno de las 38 familias víctimas de desplazamiento forzado y la no ocupación futura de bienes privados por parte del Ejército.

Así mismo, exigen que se informen las actuaciones y denuncias presentadas por la comunidad a la Personería, Defensoría y Procuraduría General de la Nación. 

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CONSEJO DE SEGURIDAD

El día de ayer, 22 de febrero, se llevó a cabo un consejo de seguridad para dar a conocer al Ejército las exigencias de las comunidades movilizadas al asentamiento humanitario. 

Se expuso el pliego de peticiones y exigencias con el objetivo de devolverle la tranquilidad a las familias desplazadas, 13 de ellas se encuentran en el casco urbano de Hacarí.

Con presencia de la Defensoría del Pueblo y otros entes de derechos humanos, la jornada de Consejo de Seguridad finalizó sin llegar a un acuerdo entre las partes.

Además, la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, hacen un llamado a los grupos armados que operan en la zona, para que garanticen el derecho internacional humanitario. 

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